LEY DE INFO-GOBIERNO :
Objeto de la ley
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso
de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión
pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia del sector público;
la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como, promover el desarrollo de
las tecnologías de información libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la
apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Están sometidos a la aplicación de la presente Ley:
1. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en los distritos metropolitanos.
4. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Municipal y en las demás entidades locales
previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en las dependencias federales.
6. Los institutos públicos nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela.
8. Las universidades públicas, así como cualquier otra institución del sector universitario de
naturaleza pública.
9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales.
10. Las sociedades de cualquier naturaleza, las fundaciones, empresas, asociaciones civiles y las
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demás creadas con fondos públicos o dirigidas por las personas a las que se refiere este artículo, en
las que ellas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones en un
ejercicio efectuados por las personas referidas en el presente artículo representen el cincuenta o
más de su presupuesto.
11. Las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular.
12. Las personas naturales o jurídicas, en cuanto les sea aplicable, en los términos establecidos en
esta Ley.
13. Las demás que establezca la Ley.
Finalidad de la ley
Artículo 3. Esta Ley tiene como fines:
1. Facilitar el establecimiento de relaciones entre el Poder Público y las personas a través de las
tecnologías de información.
2. Establecer las condiciones necesarias y oportunas que propicien la mejora continua de los
servicios que el Poder Público presta a las personas, contribuyendo así en la efectividad, eficiencia y
eficacia en la prestación de los servicios públicos.
3. Universalizar el acceso de las personas a las tecnologías de información libres y garantizar su
apropiación para beneficio de la sociedad.
4. Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas, a través
de las tecnologías de información.
5. Promover el empoderamiento del Poder Popular a través de la generación de medios de
participación y organización de las personas, haciendo uso de las tecnologías de información.
6. Garantizar la transparencia de la gestión pública, facilitando el acceso de las personas a la
información pública.
7. Apoyar el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública y el
ejercicio de la contraloría social.
8. Contribuir en los modos de organización y funcionamiento del Poder Público, apoyando la
simplificación de los trámites y procedimientos administrativos que éstos realizan.
9. Establecer los principios para la normalización y estandarización en el uso de las tecnologías de
información, a los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley.
10. Promover la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formación, socialización, uso
e implementación de las tecnologías de información libres a los sujetos sometidos a la aplicación de
esta Ley.
11. Establecer las bases para el Sistema Nacional de Protección y Seguridad de la Información, en
los términos establecidos en la presente Ley y por otros instrumentos legales que regulen la materia.
12. Fomentar la independencia tecnológica y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional,
sobre la base del conocimiento y uso de las tecnologías de información libres en el Estado.
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Interés público y carácter estratégico
Artículo 4. Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las
tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia,
eficacia y eficiencia de la gestión pública; profundizar la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos; el empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la
consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional.
Definiciones
Artículo 5. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
1. Actuación electrónica: Capaz de producir efectos jurídicos.
2. Acceso abierto: Característica de los documentos públicos que se refiere a su disponibilidad
gratuita en la internet pública, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir,
imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su
indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que
sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso
mismo a la internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del
copyright en cuanto a los derechos patrimoniales en este ámbito, debe ser dar a los autores el
control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
3. Código fuente: Texto escrito en un lenguaje de programación específico, contentivo de un
conjunto de instrucciones que se puede compilar para generar un programa que se ejecuta en un
computador, es el conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación específico,
que al ser procesadas por los compiladores e interpretadores adecuados, generan exactamente
dicho programa que es ejecutado por el computador.
4. Conocimiento libre: Es todo aquel conocimiento que puede ser aprendido, interpretado, aplicado,
enseñado y compartido libremente y sin restricciones, pudiendo ser utilizado para la resolución de
problemas o como punto de partida para la generación de nuevos conocimientos.
5. Criptografía: Rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la informática, que
hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de hacer ilegible, cifrar y proteger un
mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.
6. Documento electrónico: Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información
acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.
7. Estándares abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización
que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de las tecnologías de información, y que
están a disposición de cualquier usuario para ser implementadas.
8. Hardware libre: Dispositivos de hardware, componentes electrónicos o mecánicos diseñados para
su uso en cualquier área científico técnica, cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de
acceso público, garantizando el total acceso al conocimiento de su funcionamiento y fabricación, y
que reconociendo los derechos de autor, no están sometidos a normativas legales del sistema de
patentes de apropiación privativa, otorgándose las mismas libertades contempladas en el software
libre para su uso con cualquier propósito y en cualquier área de aplicación, libertad de modificación
y adaptación a necesidades específicas, y la libertad para su redistribución.
9. Informática forense: también llamado computo forense, computación forense, análisis forense
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digital o examen forense digital es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a
infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean
válidos dentro de un proceso legal.
10. Infraestructuras críticas: Infraestructuras críticas también conocidas como estratégicas, son
aquellas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite
soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre
tales servicios.
11. Interoperabilidad: Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para
intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente datos, información y documentos
por medios electrónicos, entre sus sistemas de información.
12. Normas instruccionales: Todas aquellas providencias administrativas de efectos generales,
instructivos o circulares, de carácter obligatorio, dictados con el fin de garantizar el efectivo uso de
las tecnologías de información y la seguridad informática, en los términos establecidos en esta Ley.
13. Poder Popular: Es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y
desarrollo de la sociedad, a través de diversas y disímiles formas de organización, que edifican el
estado comunal.
14. Prospectiva tecnológica: La prospectiva tecnológica también conocida como vigilancia
tecnológica, es un proceso sistemático que analiza el estado actual y las perspectivas de progreso
científico y tecnológico para identificar áreas estratégicas de investigación y tecnologías emergentes
para concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener los mayores beneficios económicos o
sociales, la prospectiva tecnológica está orientada a un conjunto de técnicas que permiten definir la
relevancia de una tecnología en un momento futuro.
15. Seguridad de la información: Condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de
medios de protección, que garanticen un estado de inviolabilidad de influencias o de actos hostiles
específicos que puedan propiciar el acceso a la información no autorizada, o que afecten la
operatividad de las funciones de un sistema de computación, bajo los principios de confidencialidad,
integridad, privacidad y disponibilidad de la información.
16. Software libre: Programa de computación en cuya licencia el autor o desabollador garantiza al
usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a usar el programa con cualquier propósito, copiarlo,
modificarlo y redistribuirlo con o sin modificaciones, preservando en todo caso el derecho moral al
reconocimiento de autoría.
17. Tecnología de información: Tecnologías destinadas a la aplicación, análisis, estudio y
procesamiento en forma automática de información. Esto incluye procesos de: obtención, creación,
cómputo, almacenamiento, modificación, manejo, movimiento, transmisión, transmisión, recepción,
distribución, intercambio, visualización, control y administración en formato electrónico, magnético,
óptico, o cualquier otro medio similar o equivalente que se desarrollen en el futuro, que involucren
el uso de dispositivos físicos y lógicos.
18. Tecnologías de información libres: Son aquellas tecnologías con estándares abiertos que
garantizan el acceso a todo el código fuente y la transferencia del conocimiento asociado para su
comprensión; libertad de modificación; libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y
libertad de publicación del código fuente y sus modificaciones.
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19. Usabilidad: Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de información para que sean
comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus usuarios o usuarias.
Capítulo II
Principios y bases del uso de las tecnologías de información
Obligatoriedad del uso de las tecnologías de información
Artículo 6. El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de
información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del
Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular, de conformidad
con esta Ley y demás normativa aplicable.
El Poder Popular debe utilizar las tecnologías de información en los términos y condiciones
establecidos en la ley.
Principio de igualdad
Artículo 7. La obligación establecida en el artículo anterior en ningún caso se entenderá como un
modo de restricción o discriminación para las personas, por lo que, el acceso a la prestación de los
servicios públicos, como a cualquier actuación del Poder Público, debe ser garantizada por cualquier
medio existente, sin perjuicio de las medidas que la presente Ley y la normativa que a tal efecto se
establezca, con el fin de hacer efectivo el derecho de las personas a utilizar las tecnologías de
información en sus relaciones con el Estado.
Derecho de las personas
Artículo 8. En las relaciones con el Poder Público y el Poder Popular, las personas tienen derecho a:
1. Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el
Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si
se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos establecidos en la Constitución
de la República y la Ley.
2. Realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las obligaciones pecuniarias y
cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza, haciendo uso de las tecnologías de información.
3. Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley
que rige la materia de mensajes de datos y las normas especiales que la regulan.
4. Acceder a la información pública a través de medios electrónicos, con igual grado de confiabilidad
y seguridad que la proporcionada por los medios tradicionales.
5. Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos se
encuentren, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados de los órganos y
entes del Poder Público y el Poder Popular, haciendo uso de las tecnologías de información.
6. Utilizar y presentar ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los documentos
electrónicos emitidos por éste, en las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro
medio, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.
7. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los cuales
se tenga la condición de interesado o interesada.
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8. Disponer de mecanismos que permitan el ejercicio de la contraloría social haciendo uso de las
tecnologías de información.
9. Utilizar las tecnologías de información libres como medio de participación y organización del
Poder Popular.
Principio de legalidad
Artículo 9. Las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular, deben sujetarse a la
asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República, la presente Ley y las normas que rigen la materia.
Principio de conservación documental
Artículo 10. Las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas que realicen el Poder
Público y el Poder Popular se conservarán de conformidad con las condiciones que determine la Ley
y la normativa especial aplicable.
Repositorio digital del Poder Público y el Poder Popular
Artículo 11. El Poder Público debe contar con repositorios digitales en los cuales se almacene la
información que manejen, así como los documentos que conformen el expediente electrónico, a fin
de que sean accesibles, conservados o archivados, de conformidad con la presente Ley y la
normativa que regule la materia.
El Poder Popular está sometido a la obligación aquí establecida en los términos y condiciones de la
normativa a tal efecto se dicte.
Repositorio digital de programas informáticos
Artículo 12. El Poder Público y el Poder Popular deben registrar ante la autoridad competente los
programas informáticos que utilicen o posean; su licenciamiento, código fuente y demás información
y documentación que determine la norma instruccional correspondiente.
Principio de transparencia
Artículo 13. El uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular
garantiza el acceso de la información pública a las personas, facilitando al máximo la publicidad de
sus actuaciones como requisito esencial del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia,
salvo aquella información clasificada como confidencial o secreta, de conformidad con la ley que
regule el acceso a la información pública y otras normativas aplicables.
Principio de accesibilidad
Artículo 14. El Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, participa en el
desarrollo, implementación y uso de las tecnologías de información libres, a fin de garantizar a las
personas, en igualdad de condiciones, el acceso y la apropiación social del conocimiento asociado a
esas tecnologías.
Condiciones de accesibilidad y usabilidad
Artículo 15. En el diseño y desarrollo de los sistemas, programas, equipos y servicios basados en
tecnologías de información, se debe prever las consideraciones de accesibilidad y usabilidad
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necesarias para que estos puedan ser utilizados de forma universal por aquellas personas que, por
razones de discapacidad, edad, o cualquier otra condición de vulnerabilidad, requieran de diferentes
tipos de soportes o canales de información.
Fomento del conocimiento de las tecnologías de información
Artículo 16. Es deber del Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, garantizar
a todas las personas, a través del sistema educativo los medios para la formación, socialización,
difusión, innovación, investigación y comunicación en materia de tecnologías de información libres,
según los lineamientos de los órganos rectores en las materias.
Formación
Artículo 17. El Poder Público debe proporcionar la formación en materia de tecnologías de
información libres de sus respectivos colectivos laborales, para que interactúen con los sistemas y
aplicaciones, desempeñando eficientemente sus labores y funciones en la gestión pública. Asimismo
debe facilitar la formación de las personas, a fin de garantizar la apropiación social del conocimiento.
Portal de Internet
Artículo 18. Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus
competencias, deben contar con un portal de internet bajo su control y administración. La integridad,
veracidad y actualización de la información publicada y los servicios públicos que se presten a través
de los portales es responsabilidad del titular del portal. La información contenida en los portales de
internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan.
Servicios de información
Artículo 19. Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular a través de los portales
de internet deben ser accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y auditables, y deben
contener información completa, actual, oportuna y veraz, de conformidad con la ley y la normativa
especial aplicable.
Derecho a la participación en la promoción de los servicios y uso de las tecnologías de
información
Artículo 20. El Poder Público y el Poder Popular están obligados a garantizar en sus portales de
internet el ejercicio del derecho de las personas a participar, colaborar y promover el uso de las
tecnologías de información libres, creación de nuevos servicios electrónicos o mejoramiento de los
ya existentes.
Mecanismos de ejercicio de contraloría social
Artículo 21. Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular deben contener
mecanismos que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como
medio de participación de las personas y sus organizaciones sociales, para garantizar que la
inversión pública se realice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los intereses de la
sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.
Principio de proporcionalidad
Artículo 22. En las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular a través de las
tecnologías de información, sólo se exigirán a las personas las medidas de seguridad necesarias
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según la naturaleza de los trámites y actuaciones a realizar. Igualmente, se requerirán los datos que
sean estrictamente necesarios para tramitar los asuntos que haya solicitado, a los fines de
garantizar el cumplimiento de los principios y derechos establecidos en la Constitución de la
República y la ley.
Principio de seguridad
Artículo 23. En las actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se
debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información,
documentos y comunicaciones electrónicas, en cumplimiento a las normas y medidas que dicte el
órgano con competencia en materia de seguridad de la información.
Servicios de certificación y firma electrónica
Artículo 24. El Poder Público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y
disponibilidad de la información, a través del uso de certificados y firmas electrónicas emitidas
dentro de la cadena de confianza de certificación electrónica del Estado venezolano, de conformidad
con el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación que rige la materia.
De la protección de datos personales
Artículo 25. El uso de las tecnologías de información por el Poder Público y el Poder Popular
comprende la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y
reputación de las personas; en consecuencia, está sujeto a las limitaciones que establezca la ley
sobre la materia.
Validez de los archivos y documentos electrónicos
Artículo 26. Los archivos y documentos electrónicos que emitan el Poder Público y el Poder Popular,
que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia
probatoria que los archivos y documentos que consten en físico.
Copias impresas de los documentos electrónicos
Artículo 27. Cuando la Ley exija que un documento debe ser presentado en formato impreso y se
encuentre en formato electrónico, tal requisito queda satisfecho cuando éste se presente en formato
impreso y contenga un código unívoco que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio
digital institucional correspondiente, de conformidad con la normativa que rige la materia.
Principio de coordinación
Artículo 28. Los proyectos y acciones que desarrollen el Poder Público y el Poder Popular, a fin de
consolidar el uso de las tecnologías de información libres en la gestión pública, deben efectuarse de
manera coordinada en los términos establecidos en la presente Ley, y están orientados al logro de
los fines y objetivos del Estado, pobre la base de las políticas, estrategias, lineamientos y normas en
la materia que a tal efecto se dicten.
Principio de colaboración
Artículo 29. El Poder Público y el Poder Popular colaborarán para alcanzar la consolidación del uso
de las tecnologías de información libres en el Estado.
Interoperabilidad de las tecnologías de información
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Artículo 30. Los procesos soportados en las tecnologías de información en el Poder Público y el
Poder Popular deben ser interoperables, a fin de apoyar la función y gestión pública que éstos
prestan, garantizando la cooperación y colaboración requerida para proporcionar servicios y
procesos públicos integrados, complementarios y transparentes, sobre la base del principio de
unidad orgánica.
Sistema de consulta
Artículo 31. El Poder Público debe procurar que el diseño y construcción de sus sistemas,
programas, aplicaciones y servicios de información cuenten con facilidades de uso para la consulta
electrónica, así como la veracidad y existencia de los documentos electrónicos, circunstancias o
requisitos que posean y sean necesarios para realizar una determinada solicitud, trámite o servicio,
sin que lo previamente descrito se le transfiera a las personas.
El Poder Popular debe igualmente garantizar que sus sistemas informáticos, cuenten con las mismas
facilidades previstas para el Poder Público establecidas en el párrafo anterior y la que establezca la
normativa correspondiente.
Obligación de compartir información
Artículo 32. El Poder Público tiene la obligación de compartir entre sí la información pública que
conste en sus archivos y repositorios digitales, de conformidad con lo establecido en la ley que
regule la materia sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, salvo las
excepciones establecidas en la Constitución de la República y la normativa aplicable.
El Poder Popular deberá compartir información pública sobre la gestión de los servicios públicos que
se le hayan transferido, en los términos establecidos en el presente artículo y demás normativa
aplicable.
Plataforma tecnológica del Estado
Artículo 33. El Poder Público debe contar con una plataforma tecnológica integrada, bajo su control
y administración, que permita el efectivo uso de las tecnologías de información en sus relaciones
internas, con otros órganos y entes, y en sus relaciones con las personas, apoyando la gestión del
sector público y la participación del Poder Popular en los asuntos públicos.
Del conocimiento libre
Artículo 34. El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por
el Poder Público, tiene como base el conocimiento libre. En las actuaciones que se realicen con el
uso de las tecnologías de información, sólo empleará programas informáticos en software libre y
estándares abiertos para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información
empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados.
Los programas informáticos que se empleen para la gestión de los servicios públicos prestados por
el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, deben ser en software libre y con
estándares abiertos.
De las licencias
Artículo 35. Las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder Público, deben
permitir el acceso al código fuente y a la transferencia del conocimiento asociado para su
compresión, su libertad de modificación, libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y
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libertad de publicación y distribución del código fuente y sus modificaciones. Únicamente se
adoptarán aquellas licencias que garanticen que los trabajos derivados se licencien en los mismos
términos que la licencia original.
El Poder Popular debe garantizar que las licencias de los programas informáticos empleada en la
gestión de los servicios públicos transferidos, cumplan con las condiciones y términos establecidos
en el presente artículo.
Soberanía e independencia tecnológica
Artículo 3°. El Estado garantiza la apropiación social del conocimiento asociado a las tecnologías de
información libres que se desarrollen, adquieran, implementen y usen con el fin de emplearlas de
forma independiente.
Igualmente, aquellas tecnologías privativas en proceso de migración a tecnologías libres, deben
garantizar el uso y ejecución de modo independiente. Para ello, se establecerán fuentes de
financiamiento que impulsen programas y proyectos de investigación y desarrollo, fomenten la
industria nacional de información libres y promueva la formación del talento humano en materia de
tecnología de información libres, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley.
viernes, 15 de julio de 2016
DECRETO 3390 DEL PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS :
HUGO CHÁVEZ FRÍAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
-----De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia,Tecnología e Innovación, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, CONSIDERANDO Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus capacidades.
CONSIDERANDO
-----Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.
CONSIDERANDO
-----Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la gobernabilidad.
CONSIDERANDO
-----Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperatividad.
Artículo1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas,proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.
Artículo 2.A los efectos del presente Decreto se entenderá por:
Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.
Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.
Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas,publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo,las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador. Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.
Artículo3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios establecidos por ese Ministerio.
Artículo4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que se requieran.
LIBERTADES DEl SOFTWARE LIBRE:
De acuerdo con la definición establecida por Richard Stallman, un software es "libre" cuando garantiza las siguientes libertades:
| Libertad | Descripción |
|---|---|
| 0 | la libertad de usar el programa, con cualquier propósito (Uso). |
| 1 | la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades (Estudio). |
| 2 | la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios (Distribución). |
| 3 | la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (Mejora). |
| Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y modificar software sin su código fuente es muy poco viable. | |
Ciertos teóricos usan este cuarto punto (libertad 3) para justificar parcialmente las limitaciones impuestas por la licencia GNU GPL frente a otras licencias de software libre (ver Licencias GPL).Sin embargo el sentido original es más libre, abierto y menos restrictivo que el que le otorga la propia situación de incompatibilidad, que ha sido resuelta a cierto grado en versión 3 de la licencia GNU GPL.
Tanto la Open Source Initiative como la Free Software Foundation, mantienen en sus webs oficiales, listados de las licencias de software libre que aprueban.
El término software no libre se emplea para referirse al software distribuido bajo una licencia de software más restrictiva que no garantiza estas cuatro libertades. Las leyes de la propiedad intelectual reservan la mayoría de los derechos de modificación, duplicación, y redistribución, para el dueño del copyright; el software dispuesto bajo una licencia de software libre rescinde específicamente la mayoría de estos derechos reservados.
SOFWARE LIBRE:
El término software libre refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético4 fundamental. Proviene del término eninglés free software, que presenta ambigüedad entre los significados «libre» y «gratis» asociados a la palabra free. Por esto que suele ser considerado como software gratuito y no como software que puede ser modificado sin restricciones de licencia. En este sentido es necesario resaltar que la libertad tiene que ver con el uso y no con la gratuidad.
Un programa informático es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres, y si bien podemos distinguirlos sobre la base de cuánto les falta para llegar a ser libres, su uso bien puede ser considerado contrario a la ética en todos los casos por igual.
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar «software libre» a «software gratuito» (denominado usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente. Análogamente, el software gratis o gratuito incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no es «libre» en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.
Tampoco debe confundirse software libre con «software de dominio público». Éste último es aquel que no requiere delicencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio público.

El término software libre refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético4 fundamental. Proviene del término eninglés free software, que presenta ambigüedad entre los significados «libre» y «gratis» asociados a la palabra free. Por esto que suele ser considerado como software gratuito y no como software que puede ser modificado sin restricciones de licencia. En este sentido es necesario resaltar que la libertad tiene que ver con el uso y no con la gratuidad.
Un programa informático es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres, y si bien podemos distinguirlos sobre la base de cuánto les falta para llegar a ser libres, su uso bien puede ser considerado contrario a la ética en todos los casos por igual.
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar «software libre» a «software gratuito» (denominado usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente. Análogamente, el software gratis o gratuito incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no es «libre» en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.
Tampoco debe confundirse software libre con «software de dominio público». Éste último es aquel que no requiere delicencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio público.
jueves, 14 de julio de 2016
Tipos de Bienes

Las costas marinas son bienes del dominio público.( Artículo 12).
Los bienes, para prestar los servicios de identificación; los bienes necesarios para ejercer la actividad de policía nacional; así como para la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional, y la organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional; los bienes para ejercer la administración de riesgos y emergencias; el Banco Central de Venezuela y la Comisión de Valores, y todos aquéllos se ejerce la actividad tendente a la regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda; los bienes destinados a la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley; los bienes destinados a las aduanas; las minas e hidrocarburos, los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país; las obras públicas de interés nacional; los bienes que sustentan la organización del sistema de seguridad social; los sistemas de navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; el sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales; los bienes para prestar el servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético; entre otros.
¿A quienes pertenecen los yacimientos de hidrocarburos en Venezuela?
Pertenece a la Republica, y son bienes de utilidad pública.
Decretado en:
Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos
Publicado en
Gaceta Oficial N° 36.793 de la República Bolivariana de Venezuela. Jueves 23 de
septiembre de 1999
Decreto Nº
310, 12 de septiembre de 1999
HUGO CHÁVEZ
FRÍAS Presidente de la República
En ejercicio
de la atribución que le confiere el ordinal 8º del artículo 190 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 4,
literal i) de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para
Dictar Medidas Económicas y Financieras Requeridas por el Interés Público,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.687 de fecha
26 de abril de 1999, en Consejo de Ministros,
DICTA el
siguiente
DECRETO CON
RANGO Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES
Artículo 1.
Los yacimientos de hidrocarburos gaseosos existentes en el territorio nacional,
bajo el lecho del mar territorial, de la zona marítima contigua y en la
plataforma continental, pertenecen a la República , son bienes del dominio
público y por tanto inalienables e imprescriptibles.
Artículo 2.
Las actividades de exploración en las áreas indicadas en el artículo anterior,
en busca de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y la explotación
de tales yacimientos; así como la recolección, almacenamiento y utilización
tanto del gas natural no asociado proveniente de dicha explotación, como del
gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles; el procesamiento,
industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior de
dichos gases, se rigen por la presente Ley y pueden ser ejercidas por el Estado
directamente o mediante entes de su propiedad o por personas privadas
nacionales o extranjeras; con o sin la participación del Estado, en los
términos establecidos en esta Ley.
Queda
igualmente comprendido en el ámbito de esta Ley, lo referente a los
hidrocarburos líquidos y a los componentes no hidrocarburados contenidos en los
hidrocarburos gaseosos, así como el gas proveniente del proceso de refinación
del petróleo.
Artículo 3.
Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos estarán dirigidas
primordialmente al desarrollo nacional, mediante el aprovechamiento intensivo y
eficiente de tales sustancias, como combustibles para uso doméstico o
industrial, como materia prima a los fines de su industrialización y para su
eventual exportación en cualquiera de sus fases. Dichas actividades se
realizarán atendiendo a la defensa y uso racional del recurso y a la conservación,
protección y preservación del ambiente.
Artículo 4.
Las actividades a las cuales se refiere esta Ley, así como las obras que su
manejo requiera, se declaran de utilidad pública.
Artículo 5.
Las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y
distribución de gases de hidrocarburos destinados al consumo colectivo,
constituyen un servicio público.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 6.
El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, ejercerá
la competencia nacional en materia de los hidrocarburos a los cuales se refiere
esta Ley y en consecuencia, podrá planificar, vigilar, inspeccionar y
fiscalizar a todos los fines previstos en las leyes, las actividades
relacionadas con los mismos.
Artículo 7.
El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, dictará
medidas que propicien la formación y la participación de capital nacional en
las actividades señaladas en esta Ley, así como aquellas necesarias para que
los bienes y servicios de origen nacional concurran en condiciones de
transparencia y no desventajosas en el desarrollo de proyectos relacionados con
las indicadas actividades.
Artículo 8.
Los almacenadores, los transportistas y los distribuidores de hidrocarburos
gaseosos a los cuales se refiere esta Ley, tendrán la obligación de prestar el
servicio en forma continua y de conformidad con las normas legales,
reglamentarias y técnicas de eficiencia; calidad y seguridad.
Artículo 9.
Una misma persona no puede ejercer ni controlar simultáneamente en una región,
dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución previstas
en esta Ley.
Cuando la
viabilidad del proyecto así lo requiera, el Ministerio de Energía y Minas podrá
autorizar la realización de más de una de dichas actividades por una misma
persona, en cuyo caso deberá llevar contabilidades separadas como unidades de
negocio diferenciadas.
Artículo 10.
Los almacenadores, los transportistas y los distribuidores de hidrocarburos
gaseosos y sus derivados, están obligados a permitir el uso de sus
instalaciones a otros almacenadores, transportistas y distribuidores, cuando
dichas instalaciones tengan capacidad disponible para ello. Su utilización se
realizará en las condiciones que las partes convengan contractualmente. A falta
de acuerdo, el Ministerio de Energía y Minas establecerá dichas condiciones.
Artículo 11.
Es competencia del Ejecutivo Nacional, garantizar las condiciones de operación
del actual sistema de transporte y distribución de los hidrocarburos gaseosos,
comprendidos en el artículo 2º de esta Ley. A tal fin, podrá realizar dichas
actividades directamente o autorizar para que sean ejercidas por entes de su propiedad
o por personas privadas, nacionales o extranjeras, con o sin la participación
del Estado.
Artículo 12.
El Ministerio de Energía y Minas queda facultado para determinar los precios de
los hidrocarburos gaseosos desde los centros de producción y procesamiento,
atendiendo principios de equidad.
Los
Ministerios de Energía y Minas y de la Producción y el Comercio, conjuntamente,
fijarán las tarifas que se aplicarán a los consumidores finales y a los
servicios que se presten de conformidad con esta Ley.
El Ente
Nacional del Gas elaborará las bases para el establecimiento de dichas tarifas.
Parágrafo
Único: Las tarifas para los consumidores menores serán el resultado de la suma
de:
a) Precio de
adquisición del gas,
b) Tarifa de
transporte, y,
c) Tarifa de
distribución.
Artículo 13.
Los servicios prestados por los almacenadores, transportistas y distribuidores,
serán ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los principios siguientes:
a) Facilitar
a los almacenadores, transportistas y distribuidores que operen en forma
eficiente, la obtención de ingresos suficientes para satisfacer los costos
adecuados de operación y mantenimiento aplicables al servicio, así como los
impuestos, la depreciación, la amortización de inversiones y, además, una
rentabilidad razonable que sea similar a la de otras actividades de riesgo
comparable, que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación
satisfactoria de los servicios;
b) Tomar en
cuenta las diferencias que pudieren existir entre los diversos tipos de
servicios en cuanto a la forma de prestación, ubicación geográfica, distancia a
los puntos de enajenación de producción, a las plantas de extracción y
procesamiento y cualquier otra modalidad que se determine en el Reglamento.
Con sujeción
a los principios establecidos en los literales anteriores, las tarifas
asegurarán el menor costo posible para los consumidores y deberán ser
compatibles con la seguridad del abastecimiento.
Artículo 14.
Las personas que realicen las actividades a que se refiere esta Ley, están en
la obligación de suministrar al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio
de Energía y Minas, toda la información que éste requiera en relación con el
ejercicio de dichas actividades. En todo caso, dicho Ministerio guardará la
confidencialidad de la información suministrada, cuando el interesado así lo
solicite y sea procedente.
Artículo 15.
Las actividades a que se refiere esta Ley, deberán realizarse conforme a las
normas de seguridad, higiene y protección ambiental que les fueren aplicables,
así como a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles para el
mejor aprovechamiento y uso racional del recurso.
Artículo 16.
Las personas autorizadas para ejercer las actividades de exploración,
explotación, transporte, distribución, almacenamiento y procesamiento de
hidrocarburos gaseosos, tendrán el derecho de solicitar la constitución de
servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación de bienes.
Artículo 17.
Cuando las servidumbres a que se refiere el artículo anterior, hayan de
constituirse sobre terrenos de propiedad privada, las personas autorizadas
celebrarán con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse
avenimiento, las personas interesadas podrán ocurrir a un Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para que éste autorice
el comienzo de los trabajos. El solicitante señalará con precisión las áreas y
bienes que se afectarán y los trabajos a realizarse.
Recibida la
solicitud, el Tribunal ordenará el mismo día la citación del afectado para que
comparezca al tercer día de despacho siguiente al de la citación. Si no se
logra la citación, el Tribunal ordenará publicar un cartel en un periódico de
mayor circulación nacional, emplazándolo a comparecer al tercer día de despacho
después de la publicación, en cuya oportunidad se procederá a la designación de
tres expertos, a fin de que dictaminen sobre los posibles daños y el monto de
la indemnización a que haya lugar. En la oportunidad señalada para la
comparecencia del afectado, el solicitante designará un experto. El afectado,
designará un segundo experto. Si no compareciere el afectado o se negare a
nombrar el experto, el Tribunal lo hará por él. El Tribunal designará el tercer
experto.
Los expertos
designados deberán estar presentes en el acto de aceptación y juramentación, en
caso contrario el Tribunal designará sus sustitutos. Los expertos deberán
consignar informe dentro de los tres días continuos siguientes al de su
designación.
Una vez
consignado el informe, el solicitante deberá depositar en el Tribunal el monto
de la indemnización estimada y en el mismo acto éste autorizará el comienzo de
los trabajos. Si el afectado acepta la indemnización, el Tribunal dictará decisión
para constituir la servidumbre en los términos solicitados. En caso de
desacuerdo, el proceso seguirá por los trámites del juicio ordinario.
Artículo 18.
Las servidumbres sobre terrenos baldíos pagarán las contraprestaciones que el
Ejecutivo Nacional pacte con el interesado, salvo que aquél resuelva exonerarlo
del pago, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley.
Cuando en
dichos terrenos hubiere mejoras de particulares, la indemnización que
corresponda la pagará el beneficiario de la servidumbre y se establecerá de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior.
Artículo 19.
En lo referente a la expropiación, se aplicarán las disposiciones contenidas en
la ley especial de la materia.
CAPÍTULO III
DE LA
UNIFICACIÓN DE YACIMIENTOS
Artículo 20.
Cuando un mismo yacimiento de hidrocarburos gaseosos se extienda bajo áreas
sobre las cuales actúe más de un explotador, las partes celebrarán un convenio
de unificación para su explotación, el cual estará sujeto a la aprobación del Ministerio
de Energía y Minas. A falta de acuerdo, este Despacho establecerá las normas
que regirán esa explotación.
Cuando el
yacimiento se extienda desde áreas atribuidas para explotación, hacia áreas que
no lo hayan sido, el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y
Minas, adoptará las medidas necesarias en salvaguarda de los derechos de la
República.
Artículo 21.
Cuando un mismo yacimiento de hidrocarburos gaseosos se extienda bajo las áreas
indicadas en el artículo 1º de esta Ley y bajo áreas que formen parte del
dominio de países limítrofes, los convenios que para su explotación deban
celebrar los titulares que actúen en Venezuela con los de los países
limítrofes, requerirán la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, así
como del Congreso de la República. A falta de oportuno acuerdo, el Ministerio
de Energía y Minas adoptará las medidas necesarias, incluida la revocatoria del
derecho de explotación, para salvaguardar los intereses de la República.
CAPÍTULO IV
DE LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CON
HIDROCARBUROS GASEOSOS NO ASOCIADOS
Artículo 22.
Las actividades referentes a la exploración y explotación de hidrocarburos
gaseosos no asociados, así como las de procesamiento, almacenamiento,
transporte, distribución, industrialización, comercialización y exportación,
podrán ser realizadas directamente por el Estado o por entes de su propiedad, o
por personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del
Estado.
Las
actividades a ser realizadas por personas privadas nacionales o extranjeras,
con o sin la participación del Estado, requerirán licencia o permiso, según el
caso, y deberán estar vinculadas con proyectos o destinos determinados,
dirigidos al desarrollo nacional, conforme al artículo 3º de esta Ley.
Artículo 23.
El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Minas, mediante
resolución, delimitará las áreas geográficas en las cuales se realizarán las
actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos gaseosos no
asociados, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento.
CAPÍTULO V
DE LAS
LICENCIAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS GASEOSOS NO ASOCIADOS
Artículo 24.
Las personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del
Estado, que deseen realizar actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos gaseosos no asociados, deberán obtener la licencia correspondiente
del Ministerio de Energía y Minas, sujetándose a las condiciones siguientes:
1.
Descripción del proyecto, con indicación del destino de dichos hidrocarburos,
conforme al artículo 3º de esta Ley.
2. Duración
máxima de treinta y cinco (35) años, prorrogable por un lapso a ser acordado
entre las partes, no mayor de treinta (30) años. Esta prórroga deberá ser
solicitada después de cumplirse la mitad del período para el cual se otorgó la
licencia y antes de los cinco (5) años de su vencimiento.
3. Plazo
máximo de cinco (5) años para la realización de la exploración y cumplimiento
de los programas respectivos, incluido dentro del plazo inicial indicado en el
numeral anterior, con sujeción a las demás condiciones que indique el
Reglamento.
4. Indicación
de la extensión, forma, ubicación y delimitación técnica del área objeto de la
licencia y cualquier otro requisito, que para la mejor determinación de dicha
área, señale el Reglamento.
5. Indicación
de las contraprestaciones especiales que se estipulen a favor de la República.
6. En las
licencias, aunque no aparezcan expresamente, se tendrán como insertas las
cláusulas siguientes:
a) Las
tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos
que formen parte integral de ellas y cualesquiera otros bienes adquiridos con
destino al objeto de la licencia, sea cual fuere su naturaleza o título de
adquisición, deberán ser conservadas en buen estado para ser entregados en
propiedad a la República , libre de gravámenes y sin indemnización alguna, al
extinguirse por cualquier causa las respectivas licencias, de manera que se
garantice la continuidad de las actividades si fuere el caso o su cesación con
el menor daño económico y ambiental.
b) Las dudas
y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la
licencia y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido
el arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República ,
de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar
origen a reclamaciones extranjeras.
Parágrafo
Único: El Reglamento de esta Ley podrá establecer otras condiciones aplicables
a las licencias relativas a la exploración y explotación de hidrocarburos
gaseosos no asociados.
Artículo 25.
Las licencias otorgadas para el ejercicio de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados, confieren el derecho para
ejercer las actividades de exploración y explotación. Estos derechos no son
gravables ni ejecutables, pero pueden ser cedidos previa autorización del
Ministerio de Energía y Minas. Las licencias otorgadas serán revocables por el
Ministerio de Energía y Minas, por las causales siguientes:
1. Por
incumplimiento de lo previsto en los programas de exploración;
2. Por
incumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 3 del artículo 24
de esta Ley y de las contraprestaciones que se estipulen conforme al numeral 5
del mismo artículo;
3. Por
cederla sin la autorización requerida en este artículo;
4. Por la
ocurrencia de las causas de revocatoria establecidas en la propia licencia y en
particular las que estuvieren referidas a las condiciones de explotación y a la
ejecución del proyecto; y,
5. Por la
revocatoria prevista en el artículo 21 de esta Ley.
Artículo 26.
Las licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no
asociados, comprenderán también las actividades inherentes al proyecto al cual
dichos hidrocarburos sean destinados, sin perjuicio del registro del proyecto.
CAPÍTULO VI
DE LOS
PERMISOS SOBRE ACTIVIDADES DISTINTAS
A LAS DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Artículo 27.
Quienes deseen realizar actividades relacionadas con hidrocarburos gaseosos,
asociados o no asociados, producidos por otras personas, deberán obtener el
permiso correspondiente del Ministerio de Energía y Minas, previa definición
del proyecto o destino determinado de dichos hidrocarburos, conforme al
artículo 3º de esta Ley.
A los
permisos referidos en este artículo, se le aplicarán las disposiciones
establecidas para las licencias en el artículo 24 de esta Ley, salvo lo
señalado en los numerales 3 y 4.
Estos
permisos requerirán autorización previa del Ministerio de Energía y Minas para
su cesión y traspaso.
Parágrafo
Único: Las disposiciones contenidas en el numeral 2 y en el literal a), numeral
6 del artículo 24, no serán aplicables al procesamiento e industrialización de
los hidrocarburos gaseosos ni a las actividades relacionadas con la
comercialización de los gases licuados del petróleo.
Artículo 28.
Los permisos podrán ser revocados por el Ministerio de Energía y Minas cuando
se realizare su cesión o traspaso sin la autorización requerida para ello, o
cuando se demuestre el incumplimiento del programa de ejecución del proyecto.
Igualmente, cuando se incurra en cualquiera otra causal establecida en el
propio permiso y en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 29.
Los productores de hidrocarburos gaseosos, asociados o no asociados, podrán
celebrar contratos para suministrarlos a quienes hubieren obtenido el permiso a
que se refiere el artículo 27.
Cuando los
productores de hidrocarburos gaseosos, asociados o no asociados, desarrollen
proyectos para la utilización de los hidrocarburos gaseosos por ellos
producidos, deberán sujetarse a los permisos y demás disposiciones de esta Ley.
CAPÍTULO VII
DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS
Artículo 30.
Las actividades de industrialización de los hidrocarburos gaseosos podrán ser
realizadas directamente por el Estado, por entes de su propiedad, o por
personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del
Estado.
Artículo 31.
El Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación necesaria para la
industrialización de los hidrocarburos gaseosos en el país, la cual contendrá,
entre otras disposiciones, medidas a fin de:
1. Que se
desarrollen parques industriales en zonas donde se facilite el suministro de
dichos hidrocarburos;
2. Que las
refinerías y plantas procesadoras de hidrocarburos gaseosos garanticen el
suministro de las materias primas disponibles;
3. Que los
precios y condiciones de suministro de las materias primas permitan la
formación de empresas eficientes y competitivas;
4. Que se
estimule la creación y participación de entes financieros en la
industrialización de hidrocarburos gaseosos en el país; y,
5. Que las empresas
que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos gaseosos en el
país, fomenten a su vez la industrialización, aguas abajo, de los insumos que
producen.
Artículo 32.
El Ejecutivo Nacional dará prioridad a los proyectos de industrialización de
los hidrocarburos gaseosos que propendan a la formación de capital nacional, a
una mayor agregación de valor a los insumos procesados y cuyos productos sean
competitivos en el mercado exterior.
Artículo 33.
Los proyectos referentes a la industrialización de los hidrocarburos gaseosos,
deberán inscribirse en el Registro que al efecto lleve el Ministerio de Energía
y Minas.
CAPÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN
DE REGALÍA E IMPUESTOS
Artículo 34.
De los volúmenes de hidrocarburos gaseosos extraídos de cualquier yacimiento, y
no reinyectado, el Estado tiene derecho a una participación de veinte por
ciento (20%) como regalía.
Parágrafo
Primero: La regalía podrá ser exigida por el Ejecutivo Nacional, por órgano del
Ministerio de Energía y Minas, en especie o en dinero, total o parcialmente.
Mientras no lo exigiere expresamente, se entenderá que opta por recibirla
totalmente y en efectivo.
Parágrafo
Segundo: Cuando el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y
Minas, decida recibir la regalía en especie, podrá utilizar para los efectos
del transporte y almacenamiento, los servicios de la empresa explotadora, la
cual deberá prestarlos hasta el lugar que le indique el Ejecutivo Nacional,
quien pagará el precio que se convenga por tales servicios.
Parágrafo
Tercero: Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la regalía en dinero, el
explotador deberá pagarle el precio de los volúmenes de hidrocarburos gaseosos
correspondientes, calculado a valor de mercado en el campo de producción.
Artículo 35.
Las empresas explotadoras de hidrocarburos gaseosos pagarán por los
hidrocarburos gaseosos que consuman como combustible, los impuestos que se
establezcan al respecto en las leyes que les fueren aplicables.
CAPÍTULO IX
DEL ENTE
NACIONAL DEL GAS
Artículo 36.
Se crea un Ente Nacional del Gas, con autonomía funcional, adscrito al
Ministerio de Energía y Minas, para promover el desarrollo del sector y la
competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos
relacionadas con las actividades de transporte y distribución y para coadyuvar
en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades.
Artículo 37.
El Ente Nacional del Gas tendrá las siguientes atribuciones:
1. Promover y
supervisar el desarrollo de las actividades de transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización del gas con el fin de lograr su ejecución
eficiente.
2. Vigilar e
informar al Ministerio de Energía y Minas sobre la existencia de conductas no
competitivas, monopólicas y discriminatorias en la primera venta de gas y entre
los participantes de las actividades de transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización, así como propiciar el equilibrio económico
respectivo.
3. Proponer
al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación, el establecimiento y
modificación, alcance o límite de las regiones de distribución de gas.
4. Promover
el desarrollo de un mercado secundario de capacidad entre los transportistas,
distribuidores, comercializadores y consumidores mayores, con el objeto de facilitar
la competencia, el uso eficiente de los sistemas y la transparencia de las
transacciones en este mercado.
5. Proponer
al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación, condiciones para calificar
las empresas que realizarían actividades de transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de gas.
6. Proponer a
los Ministerios de Energía y Minas y de la Producción y el Comercio, para su
aprobación, conforme a las previsiones de esta Ley, y mientras no existan
condiciones de competencia efectiva, tarifas justas de transporte y
distribución, procurando el menor costo posible para el consumidor y una
garantía de calidad de las actividades de transporte, almacenamiento y
distribución.
7. Velar por
el libre acceso a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de
gas, en los términos establecidos en esta Ley y sus Reglamentos.
8. Promover
el uso eficiente y la aplicación de las mejores prácticas en la industria del
gas, en su utilización como combustible o materia prima.
9. Velar por
los derechos y deberes de los sujetos de la industria del gas.
10. Velar por
el cumplimiento de las leyes nacionales y normas aplicables a la industria del
gas.
11. Asesorar
a los diferentes sujetos de la industria del gas sobre la correcta aplicación
de las bases y fórmulas para el cálculo de los precios y tarifas del gas y
atender oportunamente los reclamos de los usuarios en esta materia.
12. Las demás
atribuciones que se le confieran conforme a esta Ley y sus Reglamentos.
Artículo 38.
El Ministro de Energía y Minas podrá delegar en el Ente Nacional del Gas la
facultad de instruir los expedientes a los infractores para que aquél decida la
aplicación de las sanciones correspondientes.
Artículo 39.
El Ente Nacional del Gas será dirigido y administrado por un Directorio de
cinco (5) miembros, designados todos por el Ministro de Energía y Minas, previa
consulta con el Presidente de la República , uno de los cuales será Presidente,
otro Vicepresidente y los restantes serán Directores.
Artículo 40. Los
miembros del Directorio del Ente Nacional del Gas, serán seleccionados entre
personas con suficiente calificación técnica, profesional y gerencial en la
materia. Durarán un período de tres (3) años en sus cargos, el cual podrá ser
renovado por períodos sucesivos.
Artículo 41.
Los miembros del Directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo o indirecto, en empresas usuarias que contraten directamente con el
productor, ni en empresas de productores de gas, ni en alguna que realice actividades
reguladas por esta Ley, así como tener con el Presidente de la República , con
los Ministros de Energía y Minas y de la Producción y el Comercio, o con algún
miembro del Ente, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o sean cónyuges de alguno de ellos. Tampoco podrán desempeñar otro
cargo en forma simultánea a su responsabilidad en el Ente Nacional del Gas.
Artículo 42.
El Presidente ejercerá la representación legal del Ente Nacional del Gas y, en
caso de impedimento o ausencia transitoria, será reemplazado por el
Vicepresidente.
CAPÍTULO X
DE LAS
EMPRESAS ESTATALES
Artículo 43.
El Ejecutivo Nacional podrá crear entes con la forma jurídica que considere
conveniente, incluida la de sociedad anónima con un solo accionista, para
realizar las actividades establecidas en esta Ley. Estos entes serán de la
propiedad exclusiva del Estado.
Artículo 44.
Para la creación de empresas filiales o empresas mixtas por cualesquiera de los
entes a que se refiere el artículo anterior, se requerirá la aprobación de la
respectiva Asamblea de Accionistas de la casa matriz. Asimismo, deberá
obtenerse esa aprobación para modificar el objeto de las empresas filiales, así
como para fusionarlas, asociarlas, disolverlas, liquidarlas o aportar su
capital social a otros entes. Igual autorización será necesaria para la
creación de nuevos entes por parte de las empresas filiales.
Artículo 45.
Los estatutos de los entes de propiedad exclusiva del Estado podrán ser
modificados por decisión de la respectiva Asamblea de Accionistas. Esta última
deberá igualmente aprobar las modificaciones estatutarias de sus filiales o de
las empresas que éstas crearen.
Artículo 46.
Las empresas estatales se regirán por la presente Ley y sus Reglamentos, por
sus propios estatutos, por las disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional y
por las demás que les fueren aplicables.
Artículo 47.
El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, ejercerá
las funciones de inspección y fiscalización de las empresas estatales y sus
filiales y dictará los lineamientos y las políticas que deban cumplirse sobre
las materias a las que se refiere esta Ley.
Artículo 48.
El Ejecutivo Nacional podrá transferir a las empresas de la exclusiva propiedad
del Estado, los derechos que éstas requieran para el cabal ejercicio de las
actividades a las que se refiere esta Ley, incluidos los derechos de propiedad
sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República , previo
el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 49.
Los aumentos del capital social de las empresas del Estado o de sus filiales,
provenientes de la revaluación de activos o de dividendos, que impliquen la
emisión de acciones que sean suscritas por el Estado o dichas empresas, así
como la fusión de empresas del Estado o de sus filiales y la transferencia de
activos entre las mismas, no estarán sujetos al pago de los derechos de
registro.
Artículo 50.
Los trabajadores de las empresas estatales no serán considerados funcionarios o
empleados públicos. Sin embargo, a los directores y administradores se les
aplicaran las limitaciones establecidas en la Constitución.
CAPÍTULO XI
DE LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 51.
El incumplimiento a las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las
licencias o permisos a los cuales se refiere esta Ley, así como la violación a
la normativa relativa a la construcción, manejo, operación, seguridad, precios
y tarifas, aplicable a las actividades objeto de esta Ley, o la infracción a
cualesquiera otra de las disposiciones de la presente Ley, serán sancionados
con multa entre cien (100) y diez mil (10.000) unidades tributarias, o con la
suspensión de actividades hasta por seis (6) meses, que impondrá el Ejecutivo
Nacional, por órgano del Ministro de Energía y Minas, de acuerdo a la gravedad
de la falta y a la actuación pasada del infractor en el ejercicio de sus
actividades.
Las sanciones
anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la
infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse para impedir la
infracción o para restituir la situación legal infringida y de las sanciones
establecidas en otras leyes.
Artículo 52.
Cuando la multa prevista en el artículo anterior recayere en una empresa del
Estado, ésta deberá abrir las averiguaciones correspondientes con el fin de
adoptar los correctivos de la situación y determinar las responsabilidades que
pudieren recaer sobre los miembros del respectivo Directorio o Junta Directiva
o cualquier otra persona al servicio de ella y aplicar las medidas a las que
hubiere lugar. Los resultados de dichas averiguaciones deben ser comunicados al
Ministerio de Energía y Minas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles
después de haberlas concluido. Este Despacho podrá reabrir o ampliar dichas
averiguaciones, cuando lo juzgue conveniente.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Artículo 53.
Las servidumbres que estuvieren en vigencia para la fecha de promulgación de la
presente Ley, continuarán por los plazos y bajo las condiciones originalmente
establecidos.
Artículo 54.
Los convenios o contratos de compraventa de gas natural celebrados con
anterioridad a esta Ley, mantendrán su vigencia por los plazos establecidos,
pero aún antes de su vencimiento, las partes podrán adaptarlos a la presente
Ley.
Artículo 55.
Hasta tanto entre en funcionamiento el Ente Nacional del Gas, las atribuciones
y funciones que a éste le correspondan, según esta Ley y sus Reglamentos, serán
ejercidas por el Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 56.
Las empresas que en la actualidad realicen en forma integrada las actividades
de transporte y distribución de las sustancias a las cuales se refiere esta
Ley, contarán con veinticuatro (24) meses a partir de la promulgación de la
misma, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º. Este plazo
podrá ser prorrogado por el Ministerio de Energía y Minas si lo juzgare
conveniente, previa solicitud del interesado que fuere formulada dentro del
término señalado.
Artículo 57.
Mientras se dicten nuevas normas que las deroguen expresamente, se continuarán
aplicando en todo en cuanto no colidan con esta Ley, las disposiciones de rango
sublegal que sobre las materias aquí reguladas, hubieren sido dictadas antes de
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
CAPÍTULO XIII
DISPOSICIÓN
FINAL
Artículo 58.
Se deroga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, publicada
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.594 de fecha 26 de
agosto de 1971 y cualquier otra disposición que colida con la presente Ley.
Dado en
Caracas, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve. Año 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
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